- Desamortizaciones.
- Industrialización y modernización de las infraestructuras.
- Crecimiento demográfico y cambio social
- El movimiento obrero.
La desamortización fue el acto jurídico por el que los bienes de manos muertas, esto es, los que estaban en poder de las corporaciones o instituciones y no eran enajenables, volvían a ser libres, de propiedad particular. La amortización se había producido desde la Edad Media, básicamente por medio de concesiones a la Iglesia, a los municipios y a la nobleza. Desde el siglo XVIII se habían tomado medidas contra el fenómeno, pero el proceso desamortizador puede considerarse iniciado por las Cortes de Cádiz y estuvo relacionado con los problemas de la deuda pública.
La desamortización eclesiástica tuvo su momento álgido con el gobierno Mendizábal. El Decreto de 1836 y la Ley de 1837 afectaban a los bienes del clero regular; la de 2 de septiembre de 1841, ya con Espartero en el poder, a los del clero secular. El Estado, que se apropiaba de estos bienes y los sacaba a subasta, se comprometía a la contribución del culto, para mantener a los eclesiásticos. La desamortización civil, efectuada por Madoz durante el bienio progresista, remató el proceso. La ley de 1855, aunque también concernía a los bienes eclesiásticos, se dirigía sobre todo a los del Estado y a los de los municipios: bienes de propios o tierras que pertenecían al municipio y cuyo aprovechamiento se destinaba a costear diversos servicios públicos; y bienes comunales, es decir, tierras, prados, dehesas y bosques que, perteneciendo al concejo, tenían un aprovechamiento directo, personal y gratuito por parte de los vecinos.
Los objetivos de la desamortización eran: asentar la propiedad individual y libre, utilizar los fondos obtenidos con la venta de las tierras para remediar el déficit que sufría la Hacienda pública, obtener fondos para la guerra carlista y ampliar el número de propietarios.
El proceso desamortizador incrementó y diversificó notablemente el número de propietarios agrarios. Sin embargo, no logró terminar con el déficit público ni consiguió que la mayoría de los pequeños campesinos se convirtieran en propietarios.
Las consecuencias fueron muy importantes. Tradicionalmente se venía afirmando que la primera consecuencia había sido la acentuación de la estructura latifundista, pero hoy se relativiza esta influencia, concediendo mayor importancia al aumento de la superficie cultivada que se produjo y su impacto económico.
Valores de la desamortización de Mendizábal y Madoz
EL CONVERTIDOR DE BESSEMER
El primer paso para lograr la transformación masiva del arrabio en acero lo dio el inglés Henry Bessemer en 1856. La idea de Bessemer era simple: eliminar las impurezas del arrabio líquido y reducir su contenido de carbono mediante la inyección de aire en un "convertidor" de arrabio en acero. Se trata de una especie de crisol, como
el que muestra en la figura 19, donde se inyecta aire soplado desde la parte inferior, que a su paso a través del arrabio líquido logra la oxidación de carbono. Así, el contenido de carbono se reduce al 4 o 5% a alrededor de un 0.5 % . Además el oxígeno reacciona con las impurezas del arrabio produciendo escoria que sube y flota en la superficie del acero líquido. Como la combinación del oxígeno con el carbono del arrabio es una combustión que genera calor; Bessemer acertadamente sostenía que su proceso estaba exento de costos por energía. La idea era fantástica.
Resumen del texto original
- Capítulo I. De la clasificación de ferro-carriles.
- Art. 1.- Los ferrocarriles se dividirán en servicio general y particular.
- Art. 2.- Serán líneas de primer orden las que parten de Madrid a la costa o fronteras.
- Art. 3.- Serán servicio público las líneas de servicio general.
- Capítulo II. De la concesión ó autorización para construir los ferro-carriles.
- Art. 6.- Los particulares ó compañías no podrán construir línea alguna, si no han obtenido la concesion de ella.
- Art. 7.- Esta concesion se otorgarará siempre por una ley.
- Art.14.- Las concesiones de las líneas de servicio general se otorgarán por 99 años cuando más.
- Capítulo III. De las formalidades con que debe pedirse la autorización ó concesión.
- Capítulo IV. De los privilegios y exenciones generales que se otorgan á las empresas concesionarias
- Capítulo V. De la caducidad de las concesiones
- Art. 23.- También caducará la concesión si se interrumpiere total ó parcialmente el servicio público de la línea por culpa de la empresa
- Capítulo VI. De las condiciones de arte á que deben ajustarse todas las construcciones de ferrocarril.
- Art. 30.- Los ferro-carriles se construirán con arreglo á las condiciones siguientes:
- 1ª. El ensanche de la vía ó distancia entre los bordes interiores de las barras carriles será de un metro 67 centímetros (6 pies castellanos).
- 2ª. El ancho de la entrevía será de un metro 80 centímetros (6 pies y 6 pulgadas castellanas).
- Capítulo VII. De la explotación de los ferro-carriles.
- Capítulo VIII. De los estudios de las líneas de ferro-carriles.
- Capítulo IX. De las compañías por acciones para la construcción y explotación de los ferro-carriles.
POBLACIÓN ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX
La población española tuvo, entre 1877 y 1895, una etapa de desaceleración en su ritmo de crecimiento. Las guerras, las crisis de subsistencia, la emigración y la epidemia de cólera en 1885 fueron importantes frenos al crecimiento.
La tasa de natalidad era del 35 por 1000 en 1900. La de mortalidad también se mantuvo muy alta (28 por 1000 en 1902), lo que atestigua la persistencia de un modelo de sociedad preindustrial. El cambio de signo de los años finales del siglo señaló el despegue de la nueva industria.
Entre 1850 y 1900, la población urbana española se duplicó, siendo especialmente significativo el crecimiento en las capitales de provincia. Aun así, a finales del siglo XIX, solo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga superaban los 100.000 habitantes.
Hasta principios del siglo XX no se produjo en España el despegue urbano definitivo. La mayoría de las ciudades, después de la desamortización, acometieron la realización de planes de ensanche, que eran diseños urbanísticos para organizar la ampliación urbana. El ejemplo más característico fue Barcelona.
En el año 1782 el rey Carlos III creó en Madrid una entidad de carácter privado pero bajo la protección real. Se llamó Banco de San Carlos. Al año siguiente de su institución empezó a emitir los primeros billetes llamados cédulas. Estas cédulas garantizaban un inmediato reembolso en metálico, reembolso que efectuaría el propio banco emisor.
Fue debido a un ministro de Hacienda del rey Fernando VII llamado Luis López Ballesteros, quien además de tomar ciertas medidas financieras muy acertadas, concibió la idea de dotar al Banco de San Carlos con un fondo de 40 millones de reales, fundando una nueva institución llamada Banco de San Fernando. Este nuevo banco consiguió la facultad de emitir billetes en régimen de monopolio, y el mundo de las finanzas le sonrió hasta que, pasados 15 años, le llegó la competencia del Banco de Isabel II en Madrid, y el Banco de Barcelona. Los tres bancos tenían poder para imprimir y poner en circulación el papel moneda.
En 1847, los dos bancos de Madrid se fusionar en el Banco Español de San Fernando. Los cambios que se iban sucediendo llevaban una carrera imparable, haciendo frente a las demandas, a los nuevos tiempos y necesidades.
Es así como se llega al año 1856. Esta es la fecha en que nace el nombre de Banco de España. El ministro de Hacienda, Ramón Santillán, gran economista, fue su padrino.. El 19 de marzo de 1874, y debido a forzosas y acuciantes necesidades financieras, se otorga mediante Decreto, el monopolio al Banco de España, de la emisión de todo el Estado. A los restantes bancos emisores provinciales se les invita a fusionarse con el Banco de España, canjeando sus acciones convirtiéndose en simples sucursales, o permanecer como bancos comerciales sin facultad de imprimir billetes. La mayoría optaron por la primera posibilidad y fueron el origen de la red de agencias que el Banco llegó a tener en toda España.
A pesar de estos cambios, a pesar de llamarse Banco de España, a pesar de las injerencias de los distintos ministros de Hacienda, siguió siendo una entidad de naturaleza privada y en manos de propietarios particulares. 
El edificio del Banco de España fue construido con el objetivo de proporcionar al Banco Nacional una sede más acorde con la importancia de sus funciones, como era la emisión única de monedas y billetes para todo el territorio español. Éste se encuentra en la plaza de Cibeles, lugar donde se unen las calles de Alcalá y del paseo del Prado. El inmueble adopta el doble carácter industrial y de representación propio del establecimiento.
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